El secretario general del Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA) Christian López, que representa a custodios, vigiladores y trabajadores de seguridad privada, señala la precarización laboral y la explotación que son víctimas los empleados de empresas que cumplen tareas en el interior del país.
En diálogo con Mundo Gremial, afirmó: “La situación de los compañeros en el interior del país es alarmante. La gran mayoría de las empresas ni siquiera cumplen con lo firmado en paritarias. Y ojo que no me refiero a la incorrecta liquidación de horas extras, práctica extendida en este rubro. En el norte, a la alta tasa de informalidad que se registra, incluso de compañeros que se desempeñan en la administración pública, hay que sumarle los salarios que son inferiores en un 50 %, e incluso en un 60% de los vigentes.”
En provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Misiones los compañeros cobran entre $4.000 y $5.000, esto es en blanco, lo que demuestra la impunidad con que se manejan los empresarios. A lo ilegal e indigno de esta situación hay que sumarle la inexistencia de una Obra Social, y la dificultad para cambiarse de servicio social ya que es una cifra muy baja. Los empresarios cotizan cifras irrisorias por los contratos, que en definitiva es pagada por el trabajador según declaraciones de los dirigentes.
En el sur del país cobran lo mismo que en Buenos Aires, cuando el costo de vida en muy superior. López comentó que “por todo esto es que rápidamente nos estamos extendiendo en todo el territorio. Porque el gremio responsable de esta catástrofe, UPSRA hace rato que desapareció de la escena y solo se dedican a recaudar. Hay una creciente demanda de nuestra presencia. Los compañeros perdieron el miedo”.
Ante la pregunta por la presencia del Estado, afiirmó sin dudar: “Lamentablemente es nula. En la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia, los organismos afectados al control de las empresas de seguridad privada están seriamente infectados por los propios empresarios, estando de esta manera de los dos lados del mostrador. En muchas provincias quien supervisa es la policía local, cuando los dueños de las empresas son ex miembros de fuerzas de seguridad”.
”Incluso hay muchos integrantes de esas fuerzas que siguen en actividad, hecho prohibido expresamente por la legislación vigente. Es hora de tomar el toro por las astas. Y no permitir que la seguridad privada sea solo un fabuloso negocio sobre la base de la explotación de los trabajadores”, cerró.
